La Lucha Por El Derecho A La Vivienda Digna Se Hace Europea

El movimiento en contra de la subida de los alquileres, que comenzó en Berlín a mediados del pasado año, y que está exigiendo miles de expropiaciones para solventar el problema de la vivienda en la ciudad, se extiende como una mancha de aceite por todo el Viejo Continente. Y en algunos países, como España, el terreno está lo suficientemente abonado para que el crecimiento de la iniciativa sea exponencial.

El vigor y la difusión del movimiento están demostrando que es un problema a escala europea. Los precios de la vivienda, ya sean en venta o alquiler, suben mucho más que los salarios, lo que está dejando a millones de europeos condenados a las infraviviendas o a tenerse que ir de las grandes ciudades en donde tienen sus trabajos y sus vidas.

Por eso, plataformas ciudadanas de 19 países europeos se han unido y llevado a la Comisión Europea una Iniciativa Ciudadana, exigiendo un marco jurídicos europeo que reconozca el derecho a la vivienda digna y asequible. Y están dispuestas a cambiar los acuerdos de Maastricht para que la Carta Europea reconozca estos derechos ciudadanos por delante de los empresariales.

Porque esta es la raíz del problema y el gran cambio originado tras la crisis hipotecaria del año 2008. La vivienda ha pasado a ser un activo financiero en cuya explotación y gestión participan grandes empresas, como los fondos de inversión,  que han cambiado el mercado a su conveniencia, e introducido unos conceptos de rentabilidad que no corresponden con los debidos a un bien de primera necesidad. Y no hay que dejarse engañar por los intereses del pequeño propietario, que los bancos y fondos, junto a Casado y Rivera, obedientes, siempre ponen por delante.

El problema ha llegado y crecido cuando los tenedores de viviendas se han profesionalizado y sus beneficios han comenzado a cotizar en bolsa. Es esa rentabilidad que necesitan y persiguen, del 6% o más, la que ha generado la situación actual. Los números son claros, si necesitan rentabilidades -entre renta, ayudas, exenciones y desgravaciones- superiores al 6% y los sueldos crecen un 1,5%, el conflicto tenía que estallar. Como estalla en todos los lugares en donde el capitalismo campa a sus anchas; el crecimiento continuo por encima del 2% es imposible si no se hace a costa de alguien, ese alguien estaba antes lejos y no le veíamos, ahora, con la vivienda, está entre nosotros, somos nosotros.

La iniciativa ciudadana se denomina “Housing for all y entre otros cometidos intenta pinchar la burbuja del alquiler a nivel europeo. Para ello han comenzado a recoger firmas para llevar adelante la Iniciativa Ciudadana, que ya ha sido aceptada por la Comisión Europea. Tienen un año para recoger en toda la Unión el millón de firmas necesario, objetivo que parece fácilmente alcanzable teniendo en cuenta que tan sólo en España se recabaron más de 1.200.000 firmas para la ILP que Rajoy se encargó de desvirtuar, ningunear y pasarse por el arco, obediente al mandato de los bancos. Resulta claro que Europa no es el PP y que las iniciativas ciudadanas tienen otro valor.

En el texto presentado a la Comisión se plantean cinco demandas: que no haya límite en gasto público para vivienda; que las ayudas no sean solo para las familias con rentas bajas; facilitar financiación pública para hacer pisos sociales; regular la duración de los contratos; y que la vivienda figure en las estadísticas europeas con metodologías homogéneas.

Y aunque el pistoletazo de salida ya se ha dado, se espera que las próximas elecciones europeas sean el vehículo más eficaz para llevar la inquietud a las instituciones y a los partidos políticos de ámbito europeo. Y esperemos que en este entorno, la sensibilidad sea muy distinta a la demostrada por los partidos políticos españoles en la presente contienda electoral.

Y deberían demostrarla, porque en nuestro país estamos a la cabeza europea de la ignominia habitacional. Los datos, a pesar del ninguneo con que los tratan partidos políticos como el PP y C’s, son estremecedores. Los alquileres no han parado de subir desde 2013 mientras los salarios se mantienen. En cinco años, las rentas han subido un 51% en Palma de Mallorca, un 45% en Barcelona y un 28% en Valencia y Madrid. De media, los españoles destinan el 34% de su salario al alquiler, aunque el porcentaje se dispara en comunidades como Cataluña, donde asciende al 51% de los ingresos (en la Comunidad de Madrid y el País Vasco es del 44%). También Cataluña lidera los desahucios por alquiler: el año pasado hubo 8.877, una cuarta parte del total de 37.285 en España.

Y ante esta situación, las soluciones que aportan los partidos políticos en el momento más idóneo para mostrarlas, son mínimas y mediatizadas, no por la defensa del interés de la mayoría del pueblo español, sino por la tendencia política de cada uno de ellos y de los poderes económicos que los sustentan. Así, encontramos que también aquí hay dos grandes bloques. Por un lado la izquierda, con propuestas sociales defendiendo la vivienda como un derecho recogido en la Constitución   y por el otro PP y C’s,  con propuestas tendentes a defender a los propietarios, empresas y fondos de inversión por delante de este derecho, saltándose la Constitución que tanto defienden, cuando colisiona con los intereses de los bancos y fondos…siempre con las rodilleras puestas.

Los dos partidos de derechas apuestan por la liberalización del mercado -¡cuánta ignominia detrás de esta frase!-, con incentivos fiscales y ayudas a los propietarios que decidan alquilar sus viviendas, como si lo hicieran gratis y hubiera que pagarles el favor, como siempre con dinero público. Además ponen especial énfasis en la lucha contra la ocupación, sin querer establecer diferencias entre propietarios personas físicas y jurídicas, incluyendo las penas de cárcel para los que ocupen una vivienda. Por su parte Ciudadanos extendería los beneficios fiscales a empresas dedicadas al arrendamiento de viviendas protegidas. En ningún caso hablan de cárcel ni de otras medidas contra los especuladores ni lo acaparadores de éste bien de primera necesidad.

Por su parte el PSOE, con un enfoque que quiere ser algo más social, pero se queda por el camino, sobre todo por lo largoplacistas y descafeinadas que son las soluciones que presenta,  quiere fomentar la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, movilizando para su construcción suelo público «que se encuentre disponible» mediante la cesión de derecho de superficie. Podemos, mucho más concreto y directo al origen del problema,  propone intervenir el mercado del alquiler para impedir las subidas abusivas de precios. Apuestan por «un alquiler estable y seguro». Además, el partido morado ha declarado la guerra a los fondos buitre en su programa electoral, en los que ve parte del problema y quiere echar del país, al igual que existen otras iniciativas similares en países del entorno europeo. Quieren, asimismo, blindar como derecho fundamental en la Constitución el acceso a la vivienda. La formación de Iglesias intentará poner coto al alquiler turístico y al mismo tiempo se compromete a crear «un gran parque de alquiler público a precios asequibles». En su propuesta, incrementarán en 50.000 viviendas al año esa oferta.

La interesada ceguera de los grandes partidos PP y PSOE, a los que añado por ideología a C’s,  debida sin ninguna duda a los intereses de sus patrocinadores, puede desembocar en un movimiento de inesperadas consecuencias y que en esta ocasión ya no está aislado, sino que es común en un buen número de países europeos. No hay que olvidar que estamos hablando de un bien de primera necesidad, como lo fue el pan cuya ausencia fue una de las causas de la revolución francesa.

Es la colisión entre el derecho a la vivienda para millones de europeos y la rentabilidad de un producto financiero que, aprovechando la crisis hipotecaria, está quedando en manos de los grandes fondos oportunistas de inversión, solo puede haber un final. Sobre todo, porque si dejamos que la vivienda esté sujeta a los vaivenes de los intereses empresariales, estaremos dejando puestas las bases para grandes agitaciones sociales en el futuro, provocadas por la especulación y la recogida de resultados. Es la eterna lucha social, por un lado los terratenientes -unos pocos y ocultos tras siglas empresariales-, que utilizan un bien de primera necesidad para lucrarse a costa de los desposeídos del otro lado, pero estos son millones y el escenario es de nuevo Europa.